Miembros del Congreso de los Estados Unidos redactaron una carta solicitando al Departamento de Justicia que intervenga y envíe monitores electorales federales para supervisar la próxima elección en Puerto Rico.
Esto ocurre después de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) intentara registrar un gran número de votantes ancianos para votar por los candidatos del PNP.
Nydia Velázquez, congresista puertorriqueña, dijo en la carta que, después de que el nuevo código electoral entrara en vigor, “un número considerable de funcionarios con experiencia invaluable en la CEE [Comisión Estatal de Elecciones] ha sido reemplazado por personas afines al PNP”.
El Código Electoral de Puerto Rico de 2020 flexibilizó las reglas para el voto ausente, permitiendo a las personas mayores de 80 años votar por correo.
Varios medios de comunicación informaron sobre la entrega masiva de solicitudes de voto adelantado en centros de cuidado a largo plazo para personas mayores, aunque el Artículo 9.38 del Código Electoral prohíbe la entrega masiva de solicitudes.
“El envío de solicitudes de voto adelantado debe realizarse de forma individual, una por votante. No se aceptarán solicitudes agrupadas”, dice el documento.
Una de las quejas presentadas ante la CEE es contra Jorge Navarro, representante del PNP, por violar el código electoral al recopilar y presentar un gran número de solicitudes de voto ausente para ciudadanos ancianos.
El representante visitaba personalmente hogares en su distrito y repartía tarjetas para que los residentes llenaran con su información para el registro de voto adelantado.
El documento distribuido a los residentes solicitaba información personal como fecha de nacimiento, los últimos cuatro dígitos del número de seguro social, nombre de los padres y lugar de nacimiento, dirección postal y número de licencia de conducir.
Navarro intentó presentar estos formularios en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), donde los ciudadanos se registran para votar, pero se le negó la entrada, según una publicación en las redes sociales de Navarro.
“Estamos presentando la queja. Debo decir, con mucho pesar, que en este momento, básicamente todas las reclamaciones presentadas en los tribunales de Puerto Rico impugnando disposiciones del código han sido resueltas a favor del PNP”, dijo Manuel Natal Albelo, candidato opositor a la alcaldía de San Juan.
El candidato a la alcaldía también dijo que no se opone a la solicitud de los miembros del Congreso para que el Departamento de Justicia Federal envíe monitores federales, pero “preferiría que el Departamento de Justicia en Puerto Rico investigue y procese casos de corrupción en Puerto Rico”.
“Cualquier supervisión adicional que se logre para asegurar transparencia, equidad y limpieza en el proceso electoral, estoy a favor de ella. Lo que hizo la reforma electoral fue darle cierta ventaja al PNP porque el PNP fue el que conocía las enmiendas que se harían a la ley”, dijo José J. Colón Morera, profesor de ciencias políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
El 16 de octubre, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, designó al Fiscal Federal Auxiliar Sethe Erbe como el Oficial de Elecciones del Distrito (DEO, por sus siglas en inglés).
“En esa capacidad, [el Fiscal Auxiliar Erbe] es responsable de supervisar la gestión de quejas del día de las elecciones en el distrito relacionadas con preocupaciones sobre derechos de voto, amenazas de violencia a funcionarios o personal electoral, y fraude electoral, en consulta con la Sede del Departamento de Justicia en Washington”, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La congresista Velázquez respondió en un comunicado de prensa, afirmando que, si bien el nombramiento del DEO es una “noticia bienvenida”, no aborda los “profundos problemas estructurales electorales de la isla”.
Desde que el DOJ designó monitores federales en el Condado de Portage, Ohio, la congresista dijo que “no hay razón para que lo mismo no pueda hacerse en Puerto Rico. El DOJ tiene la autoridad, y hay más que suficiente evidencia para intervenir”.
“Faltan menos de veinte días para las elecciones. Puerto Rico necesita elecciones justas y transparentes, y estoy decidida a asegurar que todos los mecanismos de supervisión federal disponibles estén en su lugar. El DOJ debe actuar ahora”, concluyó el comunicado de prensa.
Las elecciones se llevarán a cabo el 5 de noviembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.