Kathleen Arnold, una profesora de DePaul, está ayudando a abogados y otros trabajadores que representan a migrantes en Illinois al redactar documentos necesarios para las solicitudes de asilo.

Arnold, con la ayuda de algunos estudiantes de la universidad, crea gratuitamente informes sobre las condiciones en los países nativos de los migrantes  y también declaraciones juradas y para proporcionarlos a una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a algunos de los miles de recién llegados a la ciudad. 

“Estamos proporcionando un recurso al que generalmente solo los refugiados más acomodados tienen acceso, y lo estamos brindando de forma gratuita”, dijo Arnold, profesora de Estudios de Refugiados y Migración Forzada. “Muy a menudo, es muy difícil obtener el estatus de refugiado”.

Los informes sobre las condiciones en los países del cual están huyendo los migrantes y las declaraciones juradas son documentos legalmente vinculantes que demuestran, en este caso, violaciones de los derechos humanos en varios países. Se utilizan como evidencia en los casos judiciales de las circunstancias que obligan a los solicitantes de asilo a huir de sus países de origen.

Arnold dijo que los informes cuestan miles de dólares, que la mayoría de los recién llegados no tienen.

De hecho, la mayoría de las personas que buscan el estatus de refugiado “no tienen éxito”, especialmente si no tienen abogados, afirmó la profesora.

En la declaración jurada para Venezuela, Arnold y sus estudiantes escriben sobre la brutalidad del estado, el feminicidio y la escasez de agua. Estos informes sobre abusos a los derechos humanos suelen tardar de tres a seis meses en redactarse, con un equipo de tres a diez personas. Después de redactar los informes, Arnold los presenta a la organización The Resurrection Project (TRP).

Fundada en 1990, TRP es una organización que brinda servicios sociales a la comunidad de bajos ingresos en Illinois. También colaboran con otras organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a solicitantes de asilo en todo el estado, dijo Marina Burka, gerente de programas de TRP.

Después de recibir las declaraciones juradas de Arnold y sus estudiantes, TRP distribuye los informes a las 50 organizaciones que prestan servicios a inmigrantes con las que trabajan.

Burka dijo que no hay suficientes abogados y representantes acreditados por el Departamento de Justicia que puedan hacerse cargo del creciente número de casos de asilo.

Por lo tanto, la ayuda de Arnold y sus estudiantes, que pasan meses trabajando para proporcionar los documentos a TRP y sus colaboradores, ha sido clave para sus esfuerzos por ayudar a los migrantes.

“Es un proceso increíblemente detallado y prolongado, y requiere una gran cantidad de trabajo para ayudar a alguien que obviamente estaba huyendo de la persecución”, dijo Arnold. “Estamos ayudando a muchas firmas de abogados sin fines de lucro. Estamos ahorrando dinero y tiempo a su personal, y esperamos poder seguir haciéndolo”.

Arnold y su equipo están trabajando en informes sobre las condiciones en varios países,  incluyendo Colombia, Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, México, Nicaragua, Togo, Ucrania y Venezuela.

El grupo opera gracias a subvenciones de DePaul Migration Collaborative y TRP. La subvención de DePaul se extiende durante todo el año escolar, dijo Arnold. La subvención recibida de TRP dura hasta el final del próximo año fiscal, dijo Burka.

Hay tres estudiantes trabajando junto a Arnold, pero ella dijo que en el pasado ha tenido hasta 20 estudiantes trabajando en el proyecto.

Brianna Ortiz, una estudiante de último año en DePaul que se involucró en el proyecto en noviembre del año pasado, es una de las estudiantes que ayudan a Arnold en el proyecto.

La joven estudiante investigó sobre Venezuela y Nicaragua debido al gran número de migrantes que llegan a Estados Unidos de esos países. Pero desde el inicio del verano, ha trabajado en informes sobre las condiciones en los países de México, Colombia, Togo y Benín.

Ortiz dijo que a menudo la gente pasa por alto las experiencias de los recién llegados, lo que facilita que otros “se desconecten” al leer titulares de periódicos sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurren en otros países.

“Vienen a un país que está tan dividido en este asunto”, dijo Ortiz. “Y ya sea que lo sepan o no, siguen eligiendo venir aquí porque es mejor que lo que está sucediendo en dondequiera que sean”.

Jose Rios Bayona es uno de los migrantes venezolanos que vive afuera de la estación de policía del distrito 19.

Aunque dice que está experimentado mejores que las condiciones en su propio país, Bayona dijo que teme la llegada del invierno y los recursos limitados de la ciudad para los migrantes.

Bayona también está preocupado por qué no ha podido conseguir ayuda legal para llevar a cabo su  solicitud de asilo.

“… vemos que los días pasan… y dicen que ellos no tienen información. Que no pueden hacer nada”, Bayona dijo sobre los agentes en la estación. 

Casi 19,000 migrantes han llegado a Chicago desde agosto de 2022. Según funcionarios de la ciudad, alrededor de 11,000 viven en refugios administrados por la ciudad y 3,000 siguen esperando alojamiento en comisarías y aeropuertos de Chicago.

Bayona dijo que necesita desesperadamente un lugar para vivir y también está preocupado por su caso de inmigración. Encontrar un abogado no es fácil debido a la barrera del idioma y financiera.

Tener acceso a apoyo legal aceleraría la capacidad de los migrantes para obtener permisos de trabajo y ganar dinero para sus necesidades básicas. La falta de apoyo legal hace que sea más difícil para los migrantes hacerlo, dijo Bayona.

“Nos dijeron que iban a darnos apoyo en servicios legales pero nunca lo dieron…” dijo Bayona . “No vinimos a buscar un millón que hay aquí en los Estados Unidos. Solo somos seres humanos que queremos trabajar como todos ustedes”.