Karina González, 48 años, y su hija de 15 años fueron asesinadas a tiros por el esposo de Gonzalez, Jose Alvarez, en su hogar en La Villita el 3 de julio de 2023. 

Antes de ser asesinada, González había obtenido una orden de protección civil contra su esposo que requería que la policía le retirara su tarjeta de portar armas de fuego. Pero su esposo nunca entregó sus armas de fuego voluntariamente, y el Departamento de Policía de Chicago tampoco le retiró las armas.

Esa falla por parte de la ley causó la muerte de Gonzalez y su hija, dijeron los defensores contra la violencia doméstica.

Desde su asesinato, legisladores, defensores, sobrevivientes y sus familias han estado trabajando juntos para abogar por el la Ley de Karina. La legislación garantizaría que cuando un sobreviviente de violencia doméstica haya sido amenazado con un arma de fuego o crea que el acceso de su agresor a un arma de fuego representa una amenaza para su seguridad, un juez pueda presentar una orden de registro, junto con la orden de protección de emergencia, para que se retiren esas armas de fuego del supuesto agresor. 

Pero a pesar de sus esfuerzos, la propuesta de ley ha estado estancada en la Asamblea General de Illinois desde mayo de 2023. Debe ser aprobado en el Senado para convertirse en ley. Existe preocupación bipartidista sobre la logística de hacer cumplir la nueva ley y si viola los derechos constitucionales de la persona contra la cual se presenta la orden, es decir, el presunto agresor. 

La representante Maura Hirschauer, miembro Asamblea General de Illinois número 103.,  es una de las principales patrocinadoras de la legislación. Dijo que los responsables de formular políticas están en negociaciones con agencias policiacas para redactar parámetros de seguridad para este proyecto de ley.

“Es peligroso ir a la casa de alguien y confiscar sus armas”, dijo Hirschauer. “Queremos asegurarnos de escuchar y hacer cambios… y asegurarnos de que tengan [los oficiales de policía] herramientas y tecnología para hacerlo correctamente, y también para almacenar las armas de manera segura”.

Donald “Todd” Vandermyde, consultor en litigios de la Segunda Enmienda y ex lobista de la Asociación Nacional del Rifle, cree que la ley no es constitucional tal como está estructurada actualmente. Dice que permitiría a las fuerzas del orden retirar las armas de fuego del presunto agresor antes de que tengan la oportunidad de defender su caso en la corte.

“Te quitan tu propiedad personal. Te quitan tus derechos de autodefensa, y luego depende de ti conseguir un abogado y volver a la corte para hacer algo diferente. Esto da vuelta completamente todo el sistema”, dijo Vandermyde. 

Según Vandermyde, existe otro problema con la propuesta de ley. Si las fuerzas del orden no logran confiscar todas las armas de fuego y municiones del presunto agresor después de la primera orden de registro tras una orden de protección, el demandado podría ser declarado culpable de posesión de un arma de fuego si la policía después encuentra más en otros sitios. 

Sin embargo, los defensores dicen que aprobar la ley de Karina podría reducir significativamente la amenaza de la seguridad inmediata de los sobrevivientes de violencia doméstica.

“Para mí, esa intersección entre la violencia doméstica y la violencia armada es muy clara”, dijo Hirschauer. “Entiendo y respeto nuestros derechos constitucionales. Pero también sé que todos podemos estar de acuerdo en que las armas no deberían estar en manos de personas peligrosas”.

Megan Merrill, coordinadora de defensa de sistemas en The Network, un grupo de concientización contra la violencia doméstica, dijo la nueva ley “es realmente una solución técnica” que fortalecería las leyes existentes al garantizar que se retiren las armas de fuego de las personas a las que un juez ha dictaminado que no deberían tener acceso a ellas.

Cada vez que un sobreviviente de violencia doméstica toma medidas para desafiar el poder y el control de un abusador, ya sea abandonando la relación, solicitando una orden de protección de emergencia o presentado cargos criminales, corre el riesgo de sufrir represalias de su agresor, dijo Merrill.

Olivia Basu, abogada asociada principal en Erin Wilson Family Law y ex voluntaria en Ascend Justice, presenta regularmente órdenes de protección. Ella dijo que la nueva ley podría hacer que los sobrevivientes de violencia doméstica se sientan más cómodos al presentar una orden de protección.

“El asunto de la seguridad es un problema enorme. Es una razón por la cual muchas personas no avanzan en las órdenes de protección”, dijo Basu. “He tenido muchos clientes que quieren obtener una orden de protección y completan todos los formularios, y luego aún no la presentan realmente porque todavía tienen miedo de su agresor”.

Si bien el proyecto de ley aún no ha sido aprobado, la muerte de Karina ha inspirado a los miembros de la comunidad a unirse. Baltazar Enriquez, presidente del Little Village Community Council (LVCC), estuvo allí la noche en que González fue asesinada.

“Hubo un alboroto en la calle 26, y salimos corriendo para ver qué había pasado. Para entonces, la policía estaba acordonando el área y estaban llevando a cabo la investigación”, dijo Enriquez. “No sabíamos los detalles de lo que había sucedido, pero nos enteramos del incidente el mismo día”.

Enriquez ayudó a crear un comité llamado Las Valientes que aboga por los sobrevivientes de violencia doméstica. El grupo organiza protestas y manifestaciones por las mujeres que fueron asesinadas en su comunidad y más allá.

Los miembros de Las Valientes llevan máscaras de esquí rosadas mientras marchan, como símbolo de fuerza y “libertad en el anonimato”. Las máscaras ocultan sus identidades, lo cual es importante ya que muchos de sus miembros también son sobrevivientes de violencia doméstica, dijo Graciela “Chela” García, miembro de la junta directiva de Las Valientes.

Aprobar el ley de Karina crearía una oportunidad para que los sobrevivientes se sientan seguros y tengan más incentivos para dejar a sus agresores, y ayudaría a desarrollar un “espacio más seguro para las víctimas”, dijo García.

“Como víctima de violencia doméstica, preferiría que algo efectivo esté sucediendo mientras estoy viva y en peligro”, dijo García.